
Suprema Corte de Venezuela nombra a Delcy Rodríguez como presidenta interina tras detención de Maduro Tras los hechos extraordinarios registrados en Venezuela en los últimos días, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo este 4 de enero de 2026 que ordena la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, luego de la detención del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar que involucró a fuerzas extranjeras. La decisión fue justificada por el máximo tribunal como una medida para garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la soberanía nacional en medio de una situación de excepción que ha generado incertidumbre en el país y en la región.
El fallo del TSJ subraya que la designación de Rodríguez responde a los artículos constitucionales que establecen mecanismos de sucesión del poder ejecutivo en casos de “falta absoluta” del presidente en ejercicio, con el objetivo declarado de evitar un vacío de autoridad en momentos críticos para el Estado venezolano. La juramentación de Rodríguez ha sido inmediatamente reconocida por sectores chavistas que permanecen leales al gobierno constitucional, mientras que voces opositoras la han rechazado argumentando que la medida carece de legitimidad en el contexto de los recientes acontecimientos.
A nivel internacional, la noticia ha generado reacciones encontradas: algunos gobiernos han instado al diálogo y a una salida pacífica a la crisis política, mientras que otros han manifestado su preocupación por la preservación del orden constitucional y la estabilidad regional. Expertos en derecho internacional señalan que esta decisión judicial puede profundizar las tensiones políticas en Venezuela, donde diferentes fuerzas sociales y políticas ya han expresado posturas contrarias o favorables a los acontecimientos recientes.
El nombramiento de Delcy Rodríguez se produce en un contexto de alta tensión diplomática y de seguridad, con varios países llamando a respetar la soberanía venezolana y al mismo tiempo exigiendo que cualquier transición de poder se lleve a cabo dentro del marco de la constitución y mediante procesos democráticos. A medida que este episodio continúa desarrollándose, tanto dentro como fuera de Venezuela, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución institucional y política del país
